Junta de Control Fiscal: Motor de Desigualdad y Pobreza Infantil en Puerto Rico

 

Columna de Opinión 

Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

Escritor, Activista, Editor Académico, Revisor por Pares

 Hablar de la desigualdad y pobreza infantil en Puerto Rico, es hablar de un sistema colonial que ha fallado desde siempre en proteger a aquellos que no son responsables de las crisis que hemos heredado. La desigualdad que enfrentan nuestros niños no se trata solo de no tener suficiente dinero; implica privaciones en su salud, educación, vivienda, servicios esenciales y perspectivas de desarrollo.

 Estas disparidades aumentan en gran medida, dependiendo de dónde se nace, la clase social y la racialización de la pobreza, particularmente en comunidades rurales y afrodescendientes. La desigualdad en nuestro país, es el resultado de estructuras políticas locales —sostenidas durante décadas por el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista— junto con mecanismos externos impuestos por Estados Unidos, que han normalizado la inequidad como parte del funcionamiento cotidiano del país.

 Ante esta realidad, existe un mecanismo biológico del que rara vez se habla en el ámbito público: el estrés tóxico, un concepto desarrollado por la Universidad de Harvard en 2014. En Puerto Rico, la exposición constante a la pobreza, la inseguridad alimentaria, los apagones, la violencia comunitaria y la inestabilidad en el hogar activa de manera persistente los sistemas de respuesta al estrés en los niños. Esa activación crónica altera la regulación emocional, interrumpe la atención, afecta el aprendizaje y moldea patrones de comportamiento que se manifiestan a lo largo de la infancia y la vida. El estrés tóxico, además, tiene efectos directos en el cerebro y en el desarrollo emocional de toda una generación.

Lo cierto es, que el estatus colonial de Puerto Rico no es una característica abstracta dentro de este problema social. La creación de la Junta de Supervisión Fiscal en 2016 profundizó aún más la dependencia colonial al transferir decisiones presupuestarias a una entidad externa sin control democrático por parte del pueblo. Desde entonces, las medidas de austeridad de la JSF han reducido fondos para educación, salud, servicios sociales y trabajo comunitario, debilitando las protecciones diseñadas para sostener a la niñez.

 De hecho, en lugar de una recuperación robusta, a una década de la imposición de la JSF la economía del país es inestable porque depende de fondos federales temporales y no hay indicios de un crecimiento estructural considerable. Pero la austeridad no lo es todo. El funcionamiento de la Junta en sí, representa un drenaje multimillonario para un país que ya enfrenta altos niveles de pobreza infantil. Investigaciones independientes mostraron que entre 2017 y 2023 la JSF gastó más de $1.5 mil millones en consultores y asesores, un total que aumentó a $2.022 mil millones para 2024. Todo esto se pagó con dinero público del Gobierno de Puerto Rico.

Mientras tanto, miles de niños permanecen sin servicios vitales necesarios, vivienda inestable y en comunidades donde la desigualdad se experimenta de arriba a abajo. La paradoja es evidente: un organismo creado para "limpiar" las finanzas públicas termina derrochando recursos que podrían destinarse a abordar la pobreza infantil, la construcción de escuelas más fuertes, recursos de salud mental, y garantizar vivienda segura.

No solo el colonialismo y la austeridad limitan el potencial de desarrollo de nuestro país; también lo limitan quienes  impulsan un ciclo de disparidad y dependencia que impactará la salud, el comportamiento y el futuro de nuestros niños.

 Si Puerto Rico quiere avanzar hacia un futuro más justo, debe reconocer que la pobreza infantil no es una casualidad, sino un reflejo desafortunado e inevitable de décadas de mala política pública en la isla. Pero también es consecuencia de elecciones políticas, del fanatismo partidista, la corrupción gubernamental, y modelos de gobernanza que ponen la prudencia fiscal por encima de las personas. Y si estas decisiones siguen costando un precio a los niños, no habrá esperanza de recuperación. Correo del autor: eljimagua@live.com 

Francisco El Jimagua advierte que una guerra civil en Estados Unidos sería catastrófica para las comunidades vulnerables

Puerto Rico — El presidente de la Fundación Acción Social Inclusiva, Francisco El Jimagua Cartagena Méndez, expresó su profunda preocupación ante el clima de polarización política que vive Estados Unidos y alertó sobre los riesgos que este escenario representa para las minorías, los inmigrantes y las comunidades latinas.

“Desde hace meses he venido advirtiendo que Estados Unidos se encuentra peligrosamente cerca de un punto de quiebre social. Las políticas abusivas de Donald Trump han fomentado confrontación, desinformación y desconfianza en las instituciones democráticas, lo que a su vez,  ha creado un ambiente de tensión que no puede ser ignorado. Tampoco podemos quedar callados ante el asesinato de civiles inocentes por agentes de ICE”, señaló Cartagena Méndez, quien también indicó que este clima “ha alimentado posturas radicalizadas que rechazan el diálogo”.

Cartagena Méndez subrayó que un conflicto interno en Estados Unidos tendría consecuencias devastadoras para los sectores históricamente marginados. “La historia demuestra que, en momentos de crisis, las minorías raciales, los inmigrantes y los latinos son los primeros en enfrentar persecución, violencia y exclusión. Las comunidades latinas, que ya lidian con desigualdades estructurales, quedarían expuestas a narrativas supremacistas y políticas represivas que podrían intensificarse rápidamente”, afirmó.

Francisco El Jimagua recordó además el legado de las Panteras Negras, un movimiento que surgió en respuesta al racismo institucional y la brutalidad policial. “Su lucha por la dignidad afroamericana fue criminalizada, y sus líderes perseguidos. Hoy, en un contexto de creciente intolerancia, vemos ecos preocupantes de aquella represión, esta vez con nuevas comunidades en riesgo”, añadió.

“Me provoca inquietud especial los puertorriqueños residentes en Estados Unidos, mis familiares y amigos que viven allá. Muchos han emigrado buscando estabilidad y oportunidades. Un escenario de guerra civil pondría en peligro sus vidas, sus empleos y sus familias. No podemos permanecer en silencio mientras se normalizan discursos del odio y se socavan los principios democráticos que deberían proteger a todos”, concluyó Cartagena Méndez.

Francisco El Jimagua - Jenniffer González y la Difamación como Arma Política que Divide al País - Columna de Opinión

 Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

Escritor, Activista de Derechos Humanos

X. jimaguapr  

En tiempos de crisis social y polarización, la difamación política se ha convertido en un arma peligrosa que erosiona la confianza pública y distorsiona el debate democrático. Cuando se lanzan acusaciones sin pruebas, sin fundamento y sin responsabilidad, no solo se ataca a una persona: se hiere la credibilidad de las instituciones y se alimenta un clima de desinformación que afecta a todo el país.

La discusión pública en Puerto Rico se ha visto contaminada por la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González y el  presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz tras acusaciones políticas sin evidencia. En repetidas ocasiones, se recurre a la crisis que atraviesan países como Venezuela o Cuba para insinuar vínculos o donativos inexistentes, sin presentar prueba alguna que lo sustente. Lo más preocupante es que sectores de la prensa permiten que estas expresiones se repitan sin cuestionamientos, sin exigir documentación, sin ejercer el mínimo rigor periodístico que la democracia exige.

Cuando se lanzan señalamientos tan serios sin fundamento, no se fiscaliza: se difama. Y esa estrategia no solo degrada el debate público, sino que divide al país, erosiona la confianza ciudadana y fragmenta los pilares democráticos que deberían sostener cualquier contienda política.

La política deja de ser un espacio de ideas y propuestas cuando se transforma en un campo de batalla donde la mentira se usa como estrategia. La difamación no es transparencia; no es democracia. Es una forma de violencia simbólica que manipula emociones, destruye reputaciones y desvía la atención de los problemas reales que afectan a la ciudadanía, y este no es el Puerto Rico que nos merecemos.

Merecemos aspirar a un país de avanzada, guiado por ideas y por un compromiso real con la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Merecemos un país que garantice viviendas accesibles para su gente y que reconstruya un Sistema de Educación profundamente herido por años de corrupción, tanto bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.

Sin embargo, cuando el debate público se contamina con difamaciones provenientes de la gobernación, lo único que se produce es mayor inestabilidad social. Se profundizan las divisiones entre puertorriqueños y se perpetúan mentiras institucionales que llevan décadas utilizándose para demonizar al independentismo y desviar la atención de la pésima gobernanza del gobierno actual.

Es como si pensar por cuenta propia fuera un pecado, pues a ciertos sectores del PNP no les conviene un pueblo educado, crítico y libre de mente, un pueblo que ya no se trague narrativas fabricadas ni repita mentiras institucionalizadas. Por eso insisten en promover discursos de miedo y desprestigio contra Juan Dalmau y contra el independentismo en general: porque un país desinformado es más fácil de manipular.

Mientras la ciudadanía permanezca confundida o dividida, el gobierno de Jenniffer González puede seguir impulsando un Código Electoral hecho a su medida, diseñado para beneficiar únicamente a quienes ya están en el poder. Y así, entre sombras y artimañas, se perpetúa un sistema que les permite mantenerse arriba, aun cuando el país exige cambios profundos. Comentarios: eljimagua@live.com