Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez
Escritor, Activista de Derechos Humanos
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En tiempos de crisis social y polarización, la difamación política se ha convertido en un arma peligrosa que erosiona la confianza pública y distorsiona el debate democrático. Cuando se lanzan acusaciones sin pruebas, sin fundamento y sin responsabilidad, no solo se ataca a una persona: se hiere la credibilidad de las instituciones y se alimenta un clima de desinformación que afecta a todo el país.
La discusión pública en Puerto Rico se ha visto contaminada por la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz tras acusaciones políticas sin evidencia. En repetidas ocasiones, se recurre a la crisis que atraviesan países como Venezuela o Cuba para insinuar vínculos o donativos inexistentes, sin presentar prueba alguna que lo sustente. Lo más preocupante es que sectores de la prensa permiten que estas expresiones se repitan sin cuestionamientos, sin exigir documentación, sin ejercer el mínimo rigor periodístico que la democracia exige.
Cuando se lanzan señalamientos tan serios sin fundamento, no se fiscaliza: se difama. Y esa estrategia no solo degrada el debate público, sino que divide al país, erosiona la confianza ciudadana y fragmenta los pilares democráticos que deberían sostener cualquier contienda política.
La política deja de ser un espacio de ideas y propuestas cuando se transforma en un campo de batalla donde la mentira se usa como estrategia. La difamación no es transparencia; no es democracia. Es una forma de violencia simbólica que manipula emociones, destruye reputaciones y desvía la atención de los problemas reales que afectan a la ciudadanía, y este no es el Puerto Rico que nos merecemos.
Merecemos aspirar a un país de avanzada, guiado por ideas y por un compromiso real con la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Merecemos un país que garantice viviendas accesibles para su gente y que reconstruya un Sistema de Educación profundamente herido por años de corrupción, tanto bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.
Sin embargo, cuando el debate público se contamina con difamaciones provenientes de la gobernación, lo único que se produce es mayor inestabilidad social. Se profundizan las divisiones entre puertorriqueños y se perpetúan mentiras institucionales que llevan décadas utilizándose para demonizar al independentismo y desviar la atención de la pésima gobernanza del gobierno actual.
Es como si pensar por cuenta propia fuera un pecado, pues a ciertos sectores del PNP no les conviene un pueblo educado, crítico y libre de mente, un pueblo que ya no se trague narrativas fabricadas ni repita mentiras institucionalizadas. Por eso insisten en promover discursos de miedo y desprestigio contra Juan Dalmau y contra el independentismo en general: porque un país desinformado es más fácil de manipular.
Mientras la ciudadanía permanezca confundida o dividida, el gobierno de Jenniffer González puede seguir impulsando un Código Electoral hecho a su medida, diseñado para beneficiar únicamente a quienes ya están en el poder. Y así, entre sombras y artimañas, se perpetúa un sistema que les permite mantenerse arriba, aun cuando el país exige cambios profundos. Comentarios: eljimagua@live.com
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