Por: Francisco
“El Jimagua” Cartagena Méndez
Periodista
Independiente – Activista de Derechos Humanos
¿Quién lleva agua
al adulto mayor que vive solo cuando algún servicio básico desaparece durante
varios días? ¿Quién verifica si tiene medicamentos, alimentos y electricidad
para conservar aquello de lo que depende su salud? ¿Y quién sabe siquiera que
está solo?
La autonegligencia en los adultos mayores constituye un problema de salud
pública que afecta a millones de personas y que, con frecuencia, permanece
oculto o no es identificado. El fenómeno puede manifestarse cuando una persona
mayor deja de satisfacer adecuadamente necesidades esenciales relacionadas con
su alimentación, higiene, atención médica, seguridad o entorno. Por esa razón,
profesionales de la salud y, particularmente, quienes trabajan directamente en
las comunidades ocupan una posición importante para identificar señales de riesgo
e intervenir oportunamente.
Sin embargo, la autonegligencia no debe confundirse con otras formas de
abandono o maltrato. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el
maltrato hacia las personas mayores puede incluir abuso físico, psicológico o
emocional, sexual y financiero, además de negligencia y abandono. La distinción
es importante: mientras la autonegligencia se relaciona con la incapacidad o
ausencia de autocuidado de la propia persona, la negligencia y el abandono
pueden involucrar la falta de atención por parte de quienes tienen una
responsabilidad o relación de confianza con ella.
La dimensión del problema adquiere mayor importancia ante el acelerado
envejecimiento de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud
estima que la población de 60 años o más, que alcanzaba alrededor de mil
millones de personas en 2019, aumentará a 1,400 millones en 2030 y 2,100
millones en 2050. Este proceso demográfico exige adaptar los sistemas de
salud y cuidado, pero también la vivienda, el transporte, las comunidades y
otras estructuras sociales a las necesidades de una población progresivamente
envejecida.
Puerto Rico enfrenta este desafío de manera particularmente visible. El Índice
de Vejez, que compara la población de 65 años o más con la población menor
de 15 años, alcanzó 168 en 2020; es decir, había aproximadamente 168 personas
de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2025, el indicador
aumentó a 237. En apenas cinco años, el Índice de Vejez aumentó aproximadamente
41 %, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2026).
El abandono de adultos mayores en Puerto Rico no constituye únicamente
una preocupación social, sino una realidad documentada mediante cifras
oficiales. Datos del Departamento de la Familia indican que, desde julio de
2017, la agencia ha atendido 5,762 casos de adultos mayores abandonados en hospitales.
El año fiscal 2024-2025 registró 1,018 casos, la cifra más alta del
periodo, mientras que durante los primeros diez meses del año fiscal 2025-2026
se habían contabilizado otros 675 casos hasta el 24 de abril de 2026.Aunque esta última cifra representaba una reducción respecto al periodo
anterior, la persistencia y magnitud del fenómeno evidencian una problemática
social que continúa requiriendo atención sostenida y respuestas públicas
capaces de atender las circunstancias económicas, familiares y sociales que
pueden colocar a esta población en situaciones de abandono/
Adultos Mayores y la Crisis
del Agua en Puerto Rico
Quisiera iniciar
esta sección con una pregunta que, por su urgencia ética y ciudadana, todos
deberíamos hacernos:
¿Puede llamarse resiliente una sociedad que responde a
una emergencia dependiendo de que cada persona tenga automóvil, fuerza para
cargar agua, que tenga disponible dinero, movilidad, familia y alguien que se
acuerde de ella?
La
vulnerabilidad se extiende además al sistema eléctrico. Una investigación
publicada en 2026 en BMC Public Health, realizada por un equipo de
investigadores con 60 participantes adultos de zonas rurales de Puerto Rico,
encontró que la inseguridad energética durante los apagones puede interrumpir
el funcionamiento de equipos médicos esenciales y la refrigeración de
medicamentos, además de dificultar el manejo de condiciones crónicas como la
diabetes y las enfermedades respiratorias.
Los
participantes también describieron un aumento del estrés psicológico durante
las interrupciones eléctricas. En un Puerto Rico cada vez más envejecido, las
crisis de agua y energía dejan de ser únicamente problemas de infraestructura:
para determinados adultos mayores pueden convertirse directamente en problemas
de salud, autonomía y supervivencia cotidiana.
Propuestas para una Política
de Acompañamiento y Protección de los Adultos Mayores
Reconocer la vulnerabilidad de los adultos mayores no es suficiente si
ese reconocimiento no se traduce en mecanismos concretos de prevención,
acompañamiento y respuesta. Puerto Rico necesita avanzar hacia una política que
permita conocer dónde se encuentran las personas mayores más vulnerables,
cuáles son sus necesidades y cómo responder antes de que una emergencia las
coloque en peligro. Entre las medidas que deberían considerarse se encuentran:
- Identificación
de adultos mayores que viven solos:
desarrollar, con participación de municipios, comunidades y agencias
pertinentes, mecanismos voluntarios y actualizados que permitan
identificar a personas mayores que viven solas, carecen de una red de
apoyo cercana o presentan limitaciones que puedan aumentar su
vulnerabilidad durante una emergencia.
- Monitoreo
y acompañamiento periódico: establecer programas de
seguimiento comunitario para conocer periódicamente las condiciones de
vida de adultos mayores identificados como vulnerables, prestando especial
atención al acceso a alimentos, agua potable, medicamentos, electricidad,
higiene, movilidad y otras necesidades básicas del diario vivir.
- Educación
para el autocuidado y preparación ante emergencias: ofrecer orientación periódica y accesible sobre
técnicas de autocuidado, almacenamiento seguro de agua y alimentos, manejo
y conservación de medicamentos, preparación para interrupciones de
servicios esenciales y mecanismos disponibles para solicitar asistencia.
- Protocolos
especiales durante interrupciones de agua y electricidad: crear sistemas de respuesta que permitan
contactar prioritariamente a adultos mayores vulnerables cuando ocurran
apagones, racionamientos o interrupciones prolongadas del servicio de
agua, particularmente cuando dependan de equipos médicos eléctricos, medicamentos
refrigerados o tengan dificultades de movilidad.
- Redes
comunitarias de apoyo al adulto mayor:
fortalecer la colaboración entre municipios, organizaciones comunitarias,
profesionales de la salud, vecinos y familiares para establecer redes
locales capaces de detectar necesidades, reducir el aislamiento y
movilizar ayuda cuando una persona mayor no pueda abastecerse por sí
misma.
- Sistema
de alerta y seguimiento interagencial:
establecer mecanismos de comunicación entre las agencias responsables de
servicios sociales, salud y manejo de emergencias para que los casos de
mayor vulnerabilidad puedan ser identificados y atendidos oportunamente,
evitando que una persona tenga que llegar al abandono, la hospitalización
o una crisis para que el Estado conozca su situación.
A modo de conclusión, sería prudente expresar
que el abandono no necesariamente comienza cuando una familia deja solo a un
adulto mayor; también puede adquirir una dimensión institucional cuando
diseñamos respuestas a emergencias suponiendo que toda persona puede hacer
fila, cargar agua, desplazarse, pedir ayuda o contar con alguien que llegue a
su casa. En ese punto, la omisión deja de ser logística y se convierte en una
forma de violencia estructural. Un país que no planifica para quienes menos
pueden, termina profundizando la desigualdad que dice querer atender. Y al final de todo este recorrido, quienes aún no formamos
parte de la población de adultos mayores —pero inevitablemente nos acercamos a
esa puerta— debemos preguntarnos qué país encontraremos al abrirla: uno que nos
reciba con mayor aptitud física, emocional y comunitaria, o uno que nos obligue
a enfrentar la vejez con las mismas carencias que hoy denunciamos.
Comentarios: eljimagua@live.com
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Nota Editorial de
NotiDigitalPR
Desde NotiDigitalPR [Prensa Independiente} observamos con preocupación
que la realidad de los adultos mayores en Puerto Rico continúa siendo un asunto
insuficientemente atendido dentro de las prioridades públicas del país. Durante
décadas, administraciones de distintos partidos —rojas y azules— han
desarrollado programas, iniciativas y esfuerzos dirigidos a esta población;
reconocerlos es necesario. Sin embargo, también lo es reconocer que esos
esfuerzos no han sido suficientes para responder a una transformación
demográfica que hace años dejó de ser una proyección futura para convertirse en
nuestra realidad presente.
Hoy Puerto Rico tiene una población considerablemente más envejecida que
hace una década y, con ello, una cantidad creciente de personas expuestas a la
soledad, la pobreza, las dificultades de movilidad y las consecuencias de
interrupciones prolongadas de servicios esenciales como el agua y la
electricidad. Que nuestros adultos mayores sean hoy más vulnerables ante estas
circunstancias que años atrás no puede presentarse como progreso. Es un
retroceso social que exige atención con sentido de urgencia.
El envejecimiento de Puerto Rico requiere algo más que programas
aislados o respuestas que se activan cuando ocurre una emergencia. Requiere
planificación pública sostenida, coordinación entre agencias, municipios,
comunidades y organizaciones, así como políticas capaces de identificar y acompañar
a quienes viven solos o carecen de redes de apoyo.
Una sociedad también se mide por la manera en
que protege a quienes ayudaron a construirla. Puerto Rico no puede continuar
envejeciendo mientras sus políticas públicas permanecen rezagadas frente a esa
realidad.— Francisco J. Cartagena Méndez —NotiDigitalPR.
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