Columna de opinión periodística e investigativa
Por: Francisco J. Cartagena Méndez
Periodista Independiente, Activista de Derechos Humanos
Un Árbol de Solución de Problemas (ASP) es una herramienta utilizada en planificación, desarrollo y contextos humanitarios para identificar un problema central, establecer sus causas y consecuencias y convertir ese diagnóstico en respuestas organizadas.
Aplicarlo a la crisis del agua permitiría a Puerto Rico dejar de reaccionar exclusivamente ante la avería inmediata y examinar las condiciones estructurales que durante años nos han conducido hasta aquí. La premisa es sencilla: si conocemos las raíces del problema, podemos intervenir antes de que sus consecuencias vuelvan a convertirse en emergencia. Entre esas raíces se encuentran factores como las pérdidas físicas de agua, la infraestructura envejecida, el mantenimiento insuficiente, la falta de medición y transparencia y la desigualdad en la capacidad de respuesta comunitaria.
El ASP permite descomponer la crisis en causas específicas, rutas de acción y decisiones verificables, en lugar de quedarnos en explicaciones generales. En términos prácticos:
- Identifica las causas raíz: permite distinguir entre fallas de infraestructura, problemas de gestión, sequía, corrupción o falta de mantenimiento.
- Ordena las dependencias: muestra qué problemas deben atenderse primero para que otras intervenciones puedan ser efectivas.
- Aclara responsables y puntos de intervención: permite vincular acciones concretas con agencias, municipios y comunidades.
- Reduce la ambigüedad pública: transforma una crisis compleja en un mapa visual que permite comprender qué está ocurriendo, por qué ocurre y qué puede hacerse.
Un Árbol de Solución de Problemas, sin embargo, no debería detenerse en las raíces estructurales: también debe mostrar a quiénes alcanzan sus ramas. Según los criterios de vulnerabilidad señalados por UNICEF y aplicados a la realidad de Puerto Rico, esas ramas incluyen a adultos mayores, personas encamadas o con movilidad limitada, familias de escasos recursos, comunidades que enfrentan interrupciones prolongadas y escuelas
No se puede administrar lo que no se mide. Cambian las administraciones, pero permanece la pérdida de agua potable. Por eso, mi primera propuesta ciudadana es realizar una auditoría técnica integral de la red de distribución que permita determinar, sector por sector, dónde, cómo y cuánto se pierde.
Tampoco faltaron advertencias sobre las fuentes de abasto. También en 2015, científicos y especialistas describían una paradoja: Puerto Rico recibe abundante precipitación y posee importantes recursos superficiales y subterráneos, pero captura y administra deficientemente una parte considerable de ellos. El hidrólogo Sigfredo Torres González resumió entonces que en Puerto Rico había mucha agua, pero se capturaba muy poca; entre los problemas identificados estaban embalses pequeños y sedimentados y la escasez de proyectos para capturar agua en las montañas. En 2019, Molinelli volvía a advertir que ni siquiera se conocía adecuadamente la capacidad real de acumulación de algunos de los principales embalses después del huracán María. No estamos, pues, ante advertencias surgidas ayer. Estamos frente a conocimiento acumulado que demasiadas veces parece desaparecer cuando cambia una administración.
Los dragados de los embalses también deben formar parte de una estrategia hídrica a largo plazo. Décadas de sedimentación reducen progresivamente su capacidad de almacenamiento y, con ello, el agua disponible durante periodos de poca lluvia. En 2022 se advertía que Carraízo llevaba 25 años sin un dragado completo, mientras continuaban las enormes pérdidas de agua en la red. Recuperar capacidad en nuestros embalses es necesario, pero de poco servirá almacenar más agua si después permitimos que una parte sustancial se pierda antes de llegar al pueblo.
La realidad es que el agua no tiene ideología ni partido político. Precisamente porque parte de ese conocimiento lleva décadas acumulándose, un Consejo Asesor de Emergencia Hídrica podría reunir la memoria institucional de exdirectores, ingenieros y trabajadores de la AAA con hidrólogos, científicos y universidades. En noviembre de 2018, el hidrólogo Ferdinand Quiñones advirtió que debía reducirse la descarga del embalse Guajataca ante la disminución de las lluvias; meses después, ya en 2019, más de 200,000 personas enfrentaron racionamiento. Y en 2026 reaparecen alertas técnicas antiguas: Greg Morris había señalado la caída del rendimiento firme del Superacueducto y recomendado rehabilitar pozos estratégicos para sequías y emergencias. Escuchar a quienes conocen el sistema no debería depender del partido que ocupe La Fortaleza.
Puerto Rico debería avanzar hacia un Sistema Inteligente de Monitoreo Digital que convierta la medición continua y la detección temprana en parte central de la operación diaria de la AAA y permita localizar fugas, detectar cambios anormales de presión, anticipar averías, monitorear el consumo y priorizar reparaciones. Lo ideal sería contar con una modernización que permita medir cuántas averías se evitan, cuánta agua dejamos de perder y qué resultados produce cada dólar invertido. Las agencias pertinentes deben sustituir la costumbre de administrar las crisis que afectan al pueblo por la disciplina de administrar bien el agua, porque es una necesidad vital y, por eso, tiene que llegar.
A esa tecnología debe acompañarla una transparencia igualmente moderna, por lo que un Portal Público de Transparencia Hídrica debería formar parte de las posibles soluciones a mediano y largo plazo. Un portal donde cualquier ciudadano pueda consultar producción de agua, pérdidas estimadas, averías, proyectos, costos, fechas de terminación y cumplimiento de metas, y donde esa información alimente auditorías independientes y evaluaciones públicas cada seis meses. Pero modernizar la infraestructura existente no impide desarrollar resiliencia desde las comunidades ni explorar nuevas fuentes complementarias.
Otra estrategia de resiliencia podría ser establecer recolectores comunitarios de agua —sistemas comunitarios de captación y reserva— ubicados estratégicamente en zonas vulnerables, incluyendo comunidades cercanas a embalses que históricamente alcanzan niveles críticos durante periodos de sequía y calor extremo. Estos sistemas permitirían atender necesidades básicas cuando las interrupciones golpeen con mayor fuerza, particularmente entre poblaciones con menos recursos para comprar cisternas de almacenamiento o para adquirir agua por su cuenta. Su valor pudiera medirse en si logran reducir la desigualdad que aparece cada vez que una crisis obliga a unas familias a comprar agua mientras otras simplemente tienen que esperar.
Atrapanieblas: una alternativa que Puerto Rico debería estudiar
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Para Puerto Rico, la vía razonable sería iniciar proyectos piloto en microclimas montañosos donde la niebla y el viento favorezcan la captación. Antes de pensar en una adopción mayor, habría que medir volúmenes reales de agua, calidad, costos, mantenimiento y resistencia ante el clima local, además del costo final por litro. Los atrapanieblas no sustituirían a la AAA ni resolverían por sí solos la crisis hídrica; serían una pieza adicional dentro de una estrategia de diversificación y resiliencia. La pregunta clave no es si funcionan en Chile o Canarias, sino si pueden hacerlo eficientemente aquí.
Después de revisar advertencias históricas, alternativas técnicas, propuestas comunitarias y posibilidades de innovación, queda una pregunta que el país no debería seguir posponiendo: si un periodista independiente sin formación especializada en ingeniería hídrica puede identificar el problema, buscar antecedentes, localizar advertencias científicas, estudiar experiencias internacionales, formular alternativas y proponer un mecanismo para probarlas, ¿por qué una corporación pública con técnicos, ingenieros, presupuesto, datos y décadas de experiencia no puede sostener públicamente un proceso semejante de investigación, experimentación y planificación a mediano y largo plazo?
