JSF certifica presupuesto revisado de la AEE para 2026 con estrictos controles coloniales sobre el uso de fondos públicos

 Por: Redacción

San Juan, Puerto Rico — 25 de octubre de 2025 La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el Segundo Presupuesto Revisado para el Año Fiscal 2026 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), imponiendo rigurosas restricciones sobre el manejo del dinero público en el sistema energético del país. Según la JSF, ningún fondo podrá ser movido ni reasignado sin su aprobación previa por escrito.

En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón el 24 de octubre, la JSF detalló que el presupuesto aprobado contempla $4,580 millones en ingresos no consolidados y $3,635 millones en ingresos consolidados netos, balanceado antes de considerar obligaciones heredadas como la deuda. La certificación se formaliza bajo la Sección 202(f) de la ley PROMESA, que otorga a la JSF autoridad para revisar y aprobar presupuestos de entidades públicas bajo supervisión fiscal.

La medida busca garantizar mayor transparencia y control en el uso de fondos públicos, en un momento crítico para la transformación del sistema energético de Puerto Rico. Aunque el presupuesto fue certificado, la JSF dejó claro que cualquier modificación requerirá su consentimiento expreso, lo que podría limitar la flexibilidad operativa de la AEE en los próximos meses.

Este anuncio se da en medio de esfuerzos por reestructurar la deuda de la AEE y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y confiable, en el que el manejo fiscal juega un papel determinante.

Opinión de Francisco "El Jimagua" Cartagena Méndez

 

La imposición de la Junta de Control Fiscal (JSF) representa una afrenta directa a los derechos fundamentales del pueblo puertorriqueño, socavando su capacidad de autodeterminación legal, jurídica y constitucional. Esta entidad, creada sin el consentimiento democrático de la ciudadanía, opera como un poder externo que decide sobre el destino económico de Puerto Rico, subordinando las decisiones locales a intereses ajenos. Al restringir el manejo de fondos públicos y condicionar cada acción gubernamental a su aprobación, la JSF perpetúa una relación colonial que niega la soberanía fiscal y política de la isla. Esta situación no solo vulnera el principio de autogobierno, sino que también erosiona la dignidad de un pueblo que merece decidir su futuro sin tutelas impuestas.

 

Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Estados Unidos en Puerto Rico reciben compensaciones que han sido objeto de controversia. Aunque sus salarios no siempre se divulgan con precisión, se estima que algunos miembros han recibido entre $625,000 y $750,000 anuales, incluyendo honorarios profesionales y gastos relacionados.