María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa habían cuestionado desde 2025 la colaboración del Gobierno de Puerto Rico con las autoridades migratorias federales.
Por: Francisco J. Cartagena Méndez
San Juan, Puerto Rico | 27 de octubre de 2026 — NotiDigitalPR
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| Agente de ICE amenaza a ciudadana |
Durante el pasado fin de semana, agentes migratorios realizaron intervenciones en sectores como Río Piedras y Barrio Obrero, en Santurce, provocando preocupación entre residentes y organizaciones defensoras de los derechos civiles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico denunció actuaciones intimidatorias contra personas que intentaban documentar los operativos y reclamó el respeto a los derechos constitucionales de las comunidades afectadas.
Las Advertencias del PIP Desde 2025
El 5 de junio de 2025, las delegaciones legislativas del PIP anunciaron una resolución para investigar la divulgación de información personal de más de 6,000 inmigrantes por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
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| Senador Adrián Gonzalez, PIP |
En aquel momento, González Costa denunció que el Gobierno había actuado ilegítimamente al divulgar información que, según su interpretación, estaba protegida por ley.
Por su parte, María de Lourdes Santiago sostuvo que la colaboración con las autoridades federales formaba parte de una política de persecución contra comunidades vulnerables, particularmente la población dominicana residente en Puerto Rico.
Dos días después, ambos legisladores solicitaron a las autoridades federales acceso a las comunicaciones y requerimientos relacionados con la entrega de esos registros, mediante mecanismos de acceso a información pública.
ACLU Revela Nuevos Detalles Sobre la Entrega de Información
Según la organización, entre la información solicitada figuraban datos de identificación, ciudadanía, direcciones residenciales y números telefónicos. La ACLU cuestionó que el Gobierno puertorriqueño proporcionara esa información sin esperar una determinación judicial.
La gobernadora Jenniffer González Colón, por su parte, defendió la actuación del DTOP y sostuvo que la agencia respondió a una citación federal que estaba obligada a cumplir. Esta controversia coloca nuevamente en discusión el alcance de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico frente a las autoridades federales y las garantías de confidencialidad establecidas en la legislación local.
Comunidades Inmigrantes Denuncian Miedo e Intimidación
Las intervenciones del fin de semana generaron nuevas denuncias de organizaciones comunitarias y defensoras de derechos civiles. La ACLU informó sobre incidentes en los que agentes federales habrían intimidado a personas que observaban o grababan los operativos, incluyendo un episodio ocurrido el sábado en Río Piedras.
En Barrio Obrero, residentes de la comunidad dominicana describieron un ambiente de temor e incertidumbre tras la presencia de agentes migratorios y las detenciones reportadas. La organización reiteró que documentar las actuaciones de las autoridades constituye un ejercicio protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Mientras tanto, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, exigió una investigación sobre las intervenciones y afirmó que la Policía Municipal no participará ni prestará apoyo a operativos de control migratorio. Sin embargo, estas declaraciones han sido cuestionadas ante la presencia de agentes de la Policía Municipal de San Juan acompañando a las autoridades federales durante los operativos migratorios.
Una Controversia Que Trasciende las Redadas
Las denuncias presentadas por los legisladores independentistas en 2025 adquieren renovada pertinencia ante los acontecimientos de octubre de 2026. La controversia ya no se limita a la presencia de agentes federales en comunidades inmigrantes, sino que también comprende la responsabilidad de las instituciones puertorriqueñas en la protección de información personal y las consecuencias de su colaboración con las autoridades migratorias estadounidenses.
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| Senadora María de Lourdes, PIP |
«Cuando en el año 2013 se aprobó legislación para que personas con estatus migratorio no definido pudieran obtener su licencia de conducir, para poder ganarse la vida en nuestro país, más de 6 mil inmigrantes respondieron a lo que alegadamente se hacía con la confianza que su información estaría protegida y que no sería utilizada para gestionar la intervención de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Al secretario de Transportación y Obras Públicas no le tomó ni tres días traicionar esa confianza. Y ni corto ni perezoso, en 72 horas ya había entregado las listas que dieron paso a una ola de redadas marcadas por la violencia, actos consistentes con la tortura, con el único fin de expulsar de nuestro país a gente que contribuye a la economía», expresó Santiago durante su intervención legislativa.
Sus declaraciones sitúan nuevamente en el debate público la utilización de datos personales entregados por inmigrantes a instituciones del Gobierno de Puerto Rico y su posible relación con los operativos federales de inmigración. La intervención también da continuidad a los cuestionamientos formulados por el Partido Independentista Puertorriqueño sobre las responsabilidades del Gobierno ante las comunidades inmigrantes.
NotiDigitalPR | Periodismo Independiente con Propósito
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Excelente reseña. basta ya del odio de Trump en Puerto Rico y la complicidad del PNP
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