El precio de permanecer: rentas elevadas e inestabilidad habitacional en Puerto Rico

Columna de Opinión

Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

No contar con un techo propio puede ocasionar una tensión constante y silente, en especial cuando las alternativas que antes parecían disponibles cambian drásticamente de la noche a la mañana. No se trata únicamente de que el costo de alquilar un apartamento o una vivienda se haya disparado en tiempos recientes, sino también de lo que implica permanecer alojado en la casa de un familiar o allegado y de las dificultades que enfrentan muchas personas cuando deben comenzar de cero. La inestabilidad habitacional adquiere así dimensiones que trascienden el costo de una renta: alcanza la convivencia, la autonomía, la seguridad económica y la posibilidad misma de construir un espacio propio.

ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, reconoce la vivienda adecuada como un componente fundamental para el bienestar y el desarrollo de las personas. Desde esta perspectiva, la problemática habitacional no se limita a quienes viven literalmente en la calle, sino que comprende distintas manifestaciones de precariedad e inseguridad residencial.

La asequibilidad, la seguridad de tenencia y la posibilidad de permanecer en una vivienda forman parte de las condiciones necesarias para garantizar un alojamiento adecuado. Además, en el World Cities Report 2026, el organismo sitúa la crisis mundial de vivienda dentro de un entramado en el que convergen dificultades de acceso, costos, desplazamiento, pobreza y otras desigualdades que condicionan la estabilidad de millones de personas (ONU-Hábitat, 2026).

Esta mirada permite comprender que la inestabilidad habitacional puede existir aun cuando una persona tenga un techo bajo el cual dormir. Permanecer temporalmente en la vivienda de familiares o amistades ante la imposibilidad de acceder a una alternativa asequible puede representar una forma de precariedad habitacional, particularmente cuando esa permanencia depende de acuerdos frágiles, espacios compartidos o circunstancias que pueden cambiar repentinamente.

En Puerto Rico, los datos del Negociado del Censo sitúan la mediana de la renta bruta en $578 mensuales para el periodo 2020–2024. Sin embargo, ya en 2024 se documentaban alquileres que habían pasado de aproximadamente $500 mensuales a entre $750 y $800, mientras que un apartamento de un dormitorio en Bayamón que anteriormente se alquilaba por $500 rondaba los $700. La situación se agrava para las familias que buscan residencias de tres habitaciones, cuyos alquileres pueden alcanzar actualmente entre $1,100 y $1,200 mensuales.

La distancia entre las estadísticas agregadas y los precios que enfrentan quienes buscan actualmente dónde vivir permite comprender otra dimensión de la crisis: no basta con que exista una vivienda; esta tiene que ser económicamente accesible para los ingresos de quien necesita ocuparla. Durante 2025 y 2026, distintos análisis continuaron describiendo un mercado caracterizado por altos costos, escasa construcción y limitadas alternativas de alquiler a largo plazo.

El problema adquiere mayor gravedad cuando el aumento del costo de la vivienda no ocurre acompañado de un crecimiento equivalente en los ingresos de los hogares, reduciendo progresivamente las posibilidades de permanecer de manera estable e independiente bajo un techo. Para las generaciones más jóvenes, esta realidad puede significar postergar su independencia, prolongar la convivencia familiar o enfrentar mayores dificultades para establecer un hogar propio.

Dentro de esta discusión tampoco puede ignorarse la expansión de los alquileres a corto plazo o Airbnb. Una investigación del Centro para una Nueva Economía sobre Puerto Rico encontró que este mercado se ha concentrado y comercializado progresivamente y que, en numerosos municipios costeros, ocupan una proporción considerable tanto de las viviendas existentes como de aquellas que podrían destinarse al alquiler residencial de largo plazo.

El análisis estimó que un aumento de 10 % en la densidad de alquileres a corto plazo en un área censal produce, en promedio, un incremento de 7 % en la mediana de la renta y de 23 % en el precio de las viviendas durante el año siguiente. Esto no convierte a plataformas como Airbnb en la explicación única de la crisis de vivienda que enfrenta el país, cuyos orígenes y manifestaciones son múltiples, pero sí permite reconocerlas como parte de las presiones que inciden sobre la asequibilidad y permanencia residencial.

La inestabilidad habitacional no comienza únicamente cuando una persona pierde el techo bajo el cual duerme. También existe en la incertidumbre de no saber cuánto tiempo podrá permanecer donde está, en la imposibilidad de asumir una renta cada vez más elevada y en la dependencia de alternativas que pueden desaparecer en cualquier momento.

Atender esta realidad requiere reconocer que la vivienda no puede observarse exclusivamente como propiedad, inversión o mercancía, porque también representa seguridad, autonomía, intimidad y pertenencia. En Puerto Rico, garantizar condiciones que permitan a las personas acceder a un hogar y permanecer en él constituye una necesidad social que incide directamente sobre la dignidad y la calidad de vida de nuestra gente.

El autor es periodista independiente y activista de derechos humanos. eljimagua@live.com