Por Francisco El Jimagua Cartagena Méndez
23 de octubre de 2026
El ajuste, aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) el 30 de septiembre, representa un incremento aproximado del 18.5 % para un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kWh mensuales. Bajo ese escenario, la factura pasa de $228.59 a $270.86, equivalente a $42.27 adicionales cada mes. La medida estará vigente durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026.
Comercios ante una nueva presión económica
El impacto también alcanza al sector comercial. Según los ejemplos publicados a partir de la resolución del NEPR, un pequeño comercio con consumo mensual de 1,200 kWh experimentaría un aumento de $63.42, mientras que una empresa mediana con consumo de 91,800 kWh enfrentaría aproximadamente $4,851.43 adicionales mensuales.
La situación ha generado preocupación entre representantes del comercio puertorriqueño. De acuerdo con información publicada por Primera Hora, el Centro Unido de Detallistas ha advertido que unas 12,000 pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar riesgos de cierre ante los elevados costos energéticos.
Estos incrementos se producen en un contexto en el que los negocios necesitan electricidad para refrigeración, iluminación, climatización, conservación de productos y operaciones esenciales. Su impacto puede traducirse en una reducción de los márgenes de ganancia, mayores dificultades para sostener empleos y presiones adicionales sobre los precios de bienes y servicios.
LUMA señala a la generación y al ente regulador
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| Protesta ciudadana contra Luma Energy |
La ejecutiva atribuyó el encarecimiento del servicio a los elevados costos de combustible, las limitaciones de las unidades generatrices y la necesidad de utilizar fuentes de energía más costosas cuando la capacidad de producción resulta insuficiente.
Quiñones señaló al Gobierno de Puerto Rico, al Negociado de Energía y a Genera PR como las instancias responsables de atender las condiciones relacionadas con la generación y los ajustes correspondientes.
No obstante, el proceso regulatorio requiere una distinción importante: aunque el NEPR tiene la autoridad para aprobar o rechazar los cambios tarifarios, LUMA participa en la preparación y presentación de las solicitudes de ajuste basadas en los costos informados por las entidades generadoras.
De hecho, el Negociado aprobó una cantidad inferior a la inicialmente solicitada por LUMA para el trimestre actual y requirió explicaciones sobre distintos componentes de los costos energéticos.
Los costos de combustible bajo escrutinio
La resolución tarifaria no se produjo sin cuestionamientos. El Negociado examinó los costos de combustible y compra de energía, incluidos gastos relacionados con el suministro de gas natural y la operación de las unidades generatrices.
Comerciante afectado
Entre los asuntos identificados figura una investigación sobre aproximadamente $19.17 millones asociados a gas solicitado en exceso durante junio y julio para las unidades San Juan 5 y 6, cuya gestión correspondía a Genera PR.
El regulador también estableció que los gastos de combustible no deben trasladarse automáticamente a los consumidores sin el correspondiente examen de su razonabilidad.
Este aspecto resulta fundamental para comprender la controversia: el aumento de los costos de generación puede explicar parte de las presiones tarifarias, pero no elimina la responsabilidad de verificar si los gastos reclamados fueron necesarios, eficientes y correctamente administrados.
Otro posible ajuste mantiene la incertidumbre
Mientras los consumidores comienzan a recibir las facturas correspondientes al trimestre vigente, ya se discute la posibilidad de un ajuste adicional.
Durante octubre, LUMA informó al Negociado sobre una insuficiencia de ingresos relacionada con los costos de combustible de septiembre. La situación abrió la posibilidad de una revisión acelerada de la tarifa para noviembre y diciembre.
El 21 de octubre, Quiñones indicó que la decisión corresponde al ente regulador, mientras el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, señaló que el asunto permanece bajo consideración.
Por consiguiente, cualquier incremento adicional dependerá de una determinación regulatoria posterior y no debe confundirse con el aumento que ya entró en vigor el 1 de octubre.
El costo de un servicio esencial
La controversia vuelve a plantear una interrogante sobre la distribución de responsabilidades dentro del sistema eléctrico puertorriqueño. LUMA administra la transmisión y distribución; Genera PR participa en la operación de instalaciones generatrices; y el Negociado de Energía supervisa y aprueba las tarifas.
Sin embargo, para las familias y los comercios, esas divisiones institucionales no reducen el impacto inmediato de una factura más elevada.
El aumento de la electricidad representa una presión sobre los presupuestos familiares y los costos operacionales de los negocios. También plantea la necesidad de examinar la eficiencia del sistema, la transparencia de los gastos y los mecanismos de protección disponibles para los consumidores.
La pregunta central no es únicamente quién tiene la autoridad para aprobar una tarifa, sino cómo se fiscalizan los costos que terminan pagando los abonados y qué responsabilidades corresponden a cada entidad que participa en el servicio eléctrico.
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