El Proyecto del Senado 1096 redistribuiría facultades administrativas dentro del Tribunal Supremo. Maite Oronoz Rodríguez advierte sobre posibles conflictos constitucionales, mientras el liderato legislativo defiende la medida como una modernización del sistema judicial.
Por: Francisco J. Cartagena Méndez
NotiDigitalPR | 26 de octubre de 2026
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La medida fue aprobada el jueves 22 de octubre, después de que la Cámara de Representantes le diera paso con 32 votos a favor y 15 en contra. Posteriormente, el Senado concurrió con las enmiendas camerales, completando el trámite legislativo. El proyecto propone sustituir la Ley de la Judicatura de 2003 y establecer un nuevo marco para la administración, organización y funcionamiento del sistema judicial puertorriqueño.
La controversia sobre las facultades administrativas
Uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en redistribuir determinadas facultades administrativas entre la Presidencia del Tribunal Supremo y el pleno de ese organismo. Entre los cambios propuestos se encuentran modificaciones a los procedimientos para designar jueces administradores regionales y otros funcionarios responsables de la operación de los tribunales.
Actualmente, el artículo V, sección 7, de la Constitución establece que el Tribunal Supremo adopta las reglas de administración judicial, mientras que el juez presidente dirige la administración de los tribunales y nombra al director administrativo. Esta distinción constituye el núcleo de la controversia sobre si la legislación propuesta respeta o altera las responsabilidades constitucionales de cada instancia.
Los defensores de la reforma sostienen que la participación del pleno del Tribunal Supremo en determinadas decisiones administrativas permitirá establecer un modelo de dirección más compartido. Sus opositores argumentan que trasladar decisiones esenciales a un organismo colegiado podría reducir la capacidad de la Presidencia para dirigir eficazmente el funcionamiento del sistema judicial.
Oronoz Rodríguez solicita el veto
Tras la aprobación legislativa, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez expresó su oposición a la medida y exhortó a la gobernadora a ejercer su facultad constitucional de veto. Según su planteamiento, el proyecto modifica la distribución de responsabilidades establecida en la Constitución y podría afectar la estabilidad institucional de la Rama Judicial.
Oronoz Rodríguez sostuvo que la controversia trasciende a las personas que actualmente ocupan los cargos y advirtió sobre las consecuencias de separar la responsabilidad de administrar los tribunales de la autoridad necesaria para tomar decisiones. También señaló que cualquier modificación de la distribución constitucional de facultades debería tramitarse mediante una enmienda constitucional sometida a la consideración del electorado.
La jueza presidenta indicó que el Poder Judicial había presentado durante meses sus preocupaciones constitucionales y operacionales ante la Asamblea Legislativa. A su juicio, esas advertencias no fueron atendidas adecuadamente durante el proceso de aprobación.
Rivera Schatz defiende la reforma
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la legislación y respondió públicamente a los planteamientos de Oronoz Rodríguez. El líder senatorial sostuvo que, si la jueza presidenta entiende que la medida vulnera el orden constitucional, corresponde acudir a los tribunales para impugnarla cuando exista una controversia judicial susceptible de adjudicación.
El Senado ha presentado la reforma como un esfuerzo dirigido a modernizar la organización y administración de la Rama Judicial, fortalecer su autonomía institucional y actualizar diversos procedimientos. Desde esa perspectiva, el proyecto busca ampliar la participación del pleno del Tribunal Supremo sin eliminar las responsabilidades constitucionales de su Presidencia.
Las posiciones encontradas reflejan un desacuerdo sobre los límites de la facultad legislativa para reorganizar el funcionamiento de los tribunales y sobre el alcance de las atribuciones administrativas reconocidas constitucionalmente.
Otros cambios propuestos en el sistema judicial
Además de modificar la distribución de responsabilidades administrativas, el Proyecto del Senado 1096 contempla la eliminación prospectiva de la categoría de jueces municipales y su conversión progresiva a jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia.
La legislación también propone crear el Patronato del Poder Judicial, un mecanismo para recibir recursos y donativos destinados a proyectos de conservación, restauración y modernización de la infraestructura judicial. Asimismo, incorpora cambios relacionados con la Academia Judicial, los mecanismos alternos de solución de conflictos, los servicios de orientación ciudadana y diversas funciones administrativas.
Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la conversión progresiva de puestos judiciales podría representar costos fiscales adicionales. Su análisis estimó un impacto anual de entre $500,000 y $583,734 durante el período fiscal examinado, dependiendo de la implementación de las disposiciones propuestas.
Una decisión pendiente en La Fortaleza
La controversia entra ahora en una etapa decisiva ante la gobernadora Jenniffer González Colón, quien deberá determinar el curso de la legislación conforme al procedimiento constitucional correspondiente. Al 26 de octubre, el registro legislativo consultado identificaba el proyecto como enviado al Ejecutivo, sin consignar todavía una decisión definitiva de firma o veto.
Más allá de las diferencias entre el liderato legislativo y la Presidencia del Tribunal Supremo, la discusión plantea interrogantes sobre la separación de poderes, la independencia judicial y los mecanismos de administración de una de las tres ramas constitucionales del Gobierno de Puerto Rico.
La decisión sobre el Proyecto del Senado 1096 determinará si la reforma avanza hacia su implementación o si el Ejecutivo detiene una legislación que ya ha generado una controversia institucional y jurídica de considerable alcance.
Fuentes: Senado de Puerto Rico; Constitución de Puerto Rico, artículo V, sección 7; Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa; declaraciones de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez; NotiCel; El Nuevo Día; Metro Puerto Rico; Microjuris; y registro legislativo del PS 1096, consultas del 26 de octubre de 2026.
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