A quince días de la solicitud formal de la gobernadora, el presidente estadounidense no ha emitido una respuesta pública específica, mientras Musk advierte que admitir a Puerto Rico y Washington D. C. podría favorecer el control demócrata del Senado.
Por Francisco El Jimagua Cartagena Méndez | NotiDigitalPR
San Juan, Puerto Rico | 31 de octubre de 2026. — Han transcurrido quince días desde que la gobernadora Jenniffer González Colón firmó una resolución dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso federal para solicitar la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. Sin embargo, hasta la mañana de este sábado, no se ha identificado una respuesta pública específica del mandatario estadounidense a la petición. La ausencia de un pronunciamiento ocurre en un contexto político marcado por expresiones anteriores de Trump contrarias a la estadidad y por la intención del gobierno puertorriqueño de continuar impulsando esa fórmula de estatus.
Una petición formal desde La Fortaleza
El 16 de octubre, González convirtió la Resolución Conjunta de la Cámara 391 en la Resolución Conjunta 66-2026, mediante la cual el Gobierno de Puerto Rico solicita formalmente su admisión como estado en igualdad de condiciones con los demás integrantes de la Unión. La medida coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense y dispone comunicar la solicitud al presidente y a los integrantes del Congreso. Según la gobernadora, la iniciativa representa un mecanismo distinto de las gestiones anteriores, al convertir la aspiración estadista en una petición legislativa oficial.
Durante la ceremonia, González sostuvo que la medida responde a los resultados de consultas electorales celebradas en Puerto Rico y al compromiso programático de su administración. También defendió que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños y sus contribuciones a la nación justifican reclamar igualdad de derechos políticos. No obstante, los plebiscitos anteriores no han tenido carácter vinculante para el Congreso federal, mientras que sectores políticos y sociales del país mantienen posiciones divergentes sobre la estadidad, la independencia y otras alternativas de relación política.
Las expresiones anteriores de Trump y el silencio posterior
Donald Trump
La falta de una respuesta pública específica a la resolución contrasta con las expresiones anteriores de Trump contra la estadidad puertorriqueña. En mayo de 2026, el presidente manifestó su oposición a la incorporación de Puerto Rico como estado, vinculando el asunto con sus posibles consecuencias para la composición partidista del Congreso. Aquellas declaraciones antecedieron por varios meses a la petición firmada por González y no constituyen una contestación directa al documento aprobado en octubre.
La distinción resulta importante para evaluar el alcance de la iniciativa. Aunque la gobernadora ha presentado la resolución como un paso institucional hacia la estadidad, el proceso requiere acción legislativa federal y no depende exclusivamente de una expresión favorable del presidente. La Constitución estadounidense atribuye al Congreso la autoridad para admitir nuevos estados, por lo que la resolución puertorriqueña no produce por sí misma un cambio en la condición territorial de la isla.
Diferencias políticas y prioridades gubernamentales
La petición también ha provocado cuestionamientos dentro del escenario político puertorriqueño. El comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, sostuvo que la iniciativa no modificará el estatus y reclamó mayor atención gubernamental a los problemas de electricidad y agua. Por su parte, el dirigente independentista Juan Dalmau cuestionó las motivaciones políticas del esfuerzo, mientras la administración González insiste en que representa un mandato electoral a favor de la estadidad.
La gobernadora ha reconocido que su estrategia requiere convencer tanto al presidente como a integrantes del Congreso que no favorecen la admisión de Puerto Rico. Asimismo, ha señalado que esperará a las elecciones estadounidenses de medio término para promover una nueva iniciativa congresional. Estas circunstancias sitúan la resolución en una etapa de gestión política cuyo desenlace continúa abierto.
Una solicitud pendiente de respuesta pública
A quince días de la firma, la información pública examinada no permite establecer que Trump haya respondido específicamente a la Resolución Conjunta 66-2026. Tampoco debe confundirse esa ausencia de pronunciamiento identificado con una determinación formal del Congreso, institución a la que corresponde actuar sobre una eventual admisión. Por ahora, la petición permanece como una declaración oficial del Gobierno de Puerto Rico, mientras persisten las diferencias políticas sobre el futuro estatus del archipiélago y las prioridades de su administración.
Elon Musk coincide con las preocupaciones de Trump sobre la estadidad
Las expresiones del empresario Elon Musk, divulgadas el 30 de octubre de 2026, añadieron un nuevo elemento al debate sobre la estadidad de Puerto Rico. Mediante una publicación en la red social X, Musk advirtió que una eventual victoria demócrata en la presidencia y ambas cámaras del Congreso en las elecciones de 2028 podría facilitar la admisión de Puerto Rico y Washington D. C. como estados. Según su planteamiento, esa posibilidad contribuiría a fortalecer la representación demócrata en el Senado federal. Sus declaraciones se produjeron catorce días después de que la gobernadora Jenniffer González formalizara la petición de estadidad mediante la Resolución Conjunta 66-2026..jpg)
Elon Musk
Musk también vinculó ese escenario con posibles cambios en la política migratoria y en la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En su publicación sostuvo que la combinación de esas medidas representaría una amenaza para el funcionamiento democrático del país y exhortó a mantener una mayoría republicana de al menos 51 senadores después de las elecciones de 2028. Aunque sus declaraciones no constituyeron una respuesta directa a la solicitud de González, reflejan preocupaciones partidistas semejantes a las expresadas por Donald Trump en mayo, cuando calificó la estadidad puertorriqueña como un «desastre».
La coincidencia entre ambos planteamientos sitúa nuevamente el debate sobre el estatus político de Puerto Rico dentro de las disputas por el control del Congreso estadounidense. Sin embargo, la posibilidad de que los futuros representantes de Puerto Rico favorezcan necesariamente al Partido Demócrata constituye una interpretación política, no un resultado electoral establecido. Mientras la administración González mantiene su objetivo de alcanzar la estadidad, las declaraciones de Trump y Musk evidencian que la discusión también está condicionada por consideraciones sobre la distribución del poder político federal.
A pesar que la estadidad ha prevalecido en cuatro consultas plebiscitarias consecutivas celebradas en Puerto Rico, correspondientes a 2012, 2017, 2020 y 2024, los procesos han presentado diferencias en sus opciones, participación electoral y controversias sobre la interpretación de los resultados. Sin embargo, ninguno ha producido la admisión de Puerto Rico como estado, una decisión que corresponde al Congreso de Estados Unidos.
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