El proyecto sustitutivo propone transformar el sistema de planificación y permisos de Puerto Rico, mientras legisladores y organizaciones ambientales advierten sobre sus posibles consecuencias para los recursos naturales y la fiscalización gubernamental.
Por: Francisco J. Cartagena Méndez - NotiDigitalPR
Locales | 14 de octubre de 2026
San Juan, Puerto Rico. — El Senado de Puerto Rico aprobó el martes, 13 de octubre, un proyecto sustitutivo a los Proyectos del Senado 1173 y 1183 que establecería un nuevo Código de Planificación y Permisos. La medida, de aproximadamente 868 páginas, fue defendida por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), en medio de cuestionamientos sobre el proceso legislativo y sus posibles repercusiones ambientales.
La legislación pretende simplificar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de espera y reorganizar las disposiciones legales que regulan la actividad comercial y las construcciones. Según el Senado, la reforma sustituiría más de 46 instrumentos legales y administrativos, así como unas 50 leyes relacionadas con el sistema de permisos.
Permisos más rápidos y fiscalización posterior
Uno de los cambios principales permitiría que determinadas actividades autorizadas por los usos del suelo comiencen operaciones mediante una declaración presentada al gobierno, sin esperar necesariamente una inspección previa. Bajo este modelo, las autoridades realizarían verificaciones posteriores para determinar si los establecimientos cumplen con los requisitos correspondientes.
Rivera Schatz defendió la propuesta argumentando que facilitaría la actividad económica y eliminaría obstáculos burocráticos. La medida también contempla expedientes digitales, auditorías según el nivel de riesgo y sanciones que podrían alcanzar los $100,000 por la presentación de información falsa.
Sin embargo, este enfoque ha provocado interrogantes sobre la capacidad real del gobierno para detectar y corregir incumplimientos después de que una actividad haya comenzado. Las preocupaciones adquieren especial relevancia cuando los proyectos involucran recursos naturales, zonas costeras o comunidades vulnerables.
Cuestionan el alcance de la reforma y el proceso legislativo
Legisladores de oposición señalaron que el documento aprobado es sustancialmente distinto de los proyectos originales discutidos durante las vistas públicas celebradas previamente. Aunque el Senado sostiene que el proceso incluyó cinco vistas y aproximadamente 160 memoriales explicativos, los críticos reclamaron oportunidades adicionales para examinar el nuevo texto.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, advirtió que la reforma podría reducir facultades municipales, debilitar protecciones ambientales y dificultar determinados recursos judiciales contra proyectos de construcción.
Por su parte, representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y organizaciones ambientales han cuestionado la concentración de facultades administrativas y los posibles efectos de la legislación sobre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la planificación territorial y los mecanismos de evaluación.
Las objeciones también abarcan la protección de las costas, el acceso a los bienes públicos, los riesgos de inundación y las consecuencias de proyectos de desarrollo sobre comunidades y ecosistemas.
Posiciones Legislativas Sobre la Reforma de Permisos
Aunque todavía no se dispone de una lista nominal oficial que permita identificar individualmente a todos los senadores que votaron a favor, en contra o se abstuvieron, la información periodística disponible permite reconocer algunas posiciones legislativas sobre la medida.
Entre quienes respaldaron la reforma figura el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien defendió públicamente su aprobación. Asimismo, los senadores independientes Eliezer Molina Pérez y Joanne Rodríguez Veve fueron identificados entre los legisladores que apoyaron la propuesta; en el caso de Molina Pérez, su respaldo estuvo precedido por negociaciones relacionadas con enmiendas al proyecto.
Por otra parte, el senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), confirmó la oposición de su delegación, mientras que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también fue identificada entre los sectores contrarios a la legislación. Estas identificaciones corresponden a posiciones reportadas públicamente y no constituyen una certificación oficial del voto individual de cada legislador, por lo que será necesario contrastarlas con el registro legislativo correspondiente.
Desarrollo económico y protección de los recursos naturales
La controversia expone un desafío recurrente en Puerto Rico: cómo facilitar la inversión y la actividad económica sin comprometer los mecanismos de protección ambiental. Los defensores de la reforma sostienen que los procedimientos actuales generan retrasos excesivos y dificultan la apertura de negocios. También aseguran que el nuevo sistema mantendría instrumentos de fiscalización y establecería consecuencias para quienes incumplan las disposiciones legales.
No obstante, organizaciones ambientales y sectores legislativos consideran indispensable examinar con mayor detenimiento las consecuencias de sustituir determinadas autorizaciones previas por procesos de notificación y supervisión posterior.
El sector privado tampoco mantiene una posición uniforme sobre todos los componentes de la propuesta. Aunque existe respaldo a la modernización de los permisos, también se han planteado preocupaciones sobre su implementación, los costos administrativos y la distribución de responsabilidades entre las agencias y los municipios.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Representantes, donde podrá ser examinado y enmendado antes de cualquier eventual consideración por la gobernadora.
Nota Editorial de NotiDigitalPR
El desarrollo económico no puede construirse a costa del patrimonio natural de Puerto Rico.
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| Concepto: Francisco El Jimagua (2026) |
Reconocemos la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos y facilitar el desarrollo económico responsable. Sin embargo, entendemos que la eficiencia gubernamental no debe convertirse en justificación para debilitar controles preventivos ni reducir la intervención de las instituciones encargadas de proteger nuestros recursos naturales.
Las costas, los bosques, los cuerpos de agua, los humedales y las reservas naturales constituyen un patrimonio colectivo cuyo valor trasciende cualquier proyecto económico particular. Su protección exige transparencia, evaluaciones rigurosas, fiscalización efectiva y mecanismos accesibles de participación ciudadana.
Consideramos que una reforma de esta magnitud debe someterse a un examen público exhaustivo, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre las diferencias entre los proyectos originalmente evaluados y el texto finalmente aprobado.
Por estas razones, NotiDigitalPR rechaza la medida en su estado actual y reclama que la Cámara de Representantes examine sus disposiciones ambientales con rigor, garantice la participación de las comunidades y preserve las facultades necesarias para proteger el patrimonio natural puertorriqueño.
Puerto Rico necesita desarrollo, pero un desarrollo que respete sus ecosistemas, proteja a sus comunidades y garantice que las futuras generaciones puedan disfrutar de los mismos recursos que hoy tenemos la responsabilidad de conservar.
NotiDigitalPR — Periodismo Independiente con Propósito.



Eliezer Molina es un traidor, volvió a favorecer a la mafia del PNP y votó a favor, de no creerse.
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