Denuncian inacción legislativa y estatal frente a alza de alquileres de viviendas e inestabilidad habitacional en Puerto Rico

 

TOA BAJA, Puerto Rico — El activista de derechos humanos Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez advirtió sobre la ausencia de una respuesta legislativa y estatal proporcional al aumento del costo de los alquileres de viviendas y a la creciente inestabilidad habitacional que afecta a miles de residentes en Puerto Rico. Señaló que el problema no se limita a quienes carecen completamente de vivienda, sino que también alcanza a personas que dependen temporalmente de familiares, enfrentan dificultades para costear una renta o viven bajo la incertidumbre de no poder permanecer de manera estable donde residen.

“La inestabilidad habitacional no comienza cuando alguien queda en la calle. También existe cuando una persona no sabe cuánto tiempo podrá quedarse donde vive, cuando depende de otros porque no puede asumir una renta, o cuando los aumentos hacen casi imposible alcanzar o mantener la independencia. No podemos esperar a que una persona pierda su vivienda para reconocer que ya estaba viviendo una crisis habitacional” expresó Cartagena Méndez.

Recordó que el acceso a una vivienda adecuada incluye asequibilidad y seguridad de tenencia, dimensiones reconocidas por ONU-Hábitat y destacadas en su World Cities Report 2026, que sitúa la crisis global de vivienda en un escenario marcado por altos costos, desplazamiento, pobreza y desigualdades que afectan la estabilidad residencial.

En Puerto Rico, la brecha entre estadísticas agregadas y la realidad del mercado es cada vez más evidente. Aunque el Negociado del Censo ubica la mediana de la renta bruta en $578 mensuales para el periodo 2020–2024, desde 2024 se han documentado aumentos de alquileres de $500 a $750–$800, así como apartamentos de un dormitorio en Bayamón que pasaron de $500 a cerca de $700 mensuales. Más recientemente, búsquedas realizadas para identificar viviendas disponibles han encontrado propiedades de dos y tres habitaciones anunciadas entre aproximadamente $900 y $1,200 mensuales.

La presión económica se intensifica cuando los costos de vivienda crecen sin un aumento equivalente en los ingresos. Para generaciones jóvenes, esto implica postergar la independencia, prolongar la convivencia familiar y enfrentar mayores obstáculos para establecer un hogar propio. Rentar, comprar o reconstruir estabilidad después de perder una vivienda se convierte en una barrera difícil de superar.

“Mientras los alquileres continúan aumentando y numerosos hogares luchan por acceder a una vivienda asequible, la respuesta legislativa y estatal continúa siendo insuficiente y, en demasiados casos, inexistente. Puerto Rico necesita acciones concretas que atiendan la asequibilidad, la disponibilidad de alquileres a largo plazo y las presiones que desplazan viviendas hacia otros usos, incluidos los alquileres a corto plazo o Airbnb. No podemos seguir tratando la vivienda solo como mercancía mientras para tantas personas permanecer bajo un techo estable es una lucha diaria. Un hogar estable impacta directamente la seguridad económica, la autonomía, la intimidad y la calidad de vida de las personas y las familias”, concluyó Cartagena Méndez.