Gaza: la población continúa bajo ataques y privaciones mientras persiste la presión internacional sobre Israel

 

Por: Francisco J. Cartagena Méndez - El Jimagua

NotiDigitalPR 

Gaza — Casi un año después del alto el fuego respaldado por Estados Unidos que redujo las operaciones militares de gran escala, la población palestina de Gaza continúa viviendo entre ataques, desplazamiento, destrucción y severas limitaciones en el acceso a servicios esenciales. La tregua no puso fin a las muertes: autoridades sanitarias gazatíes reportan que más de 1,300 palestinos han muerto por acciones israelíes desde que entró en vigor en octubre de 2025. El pasado 30 de agosto, un ataque israelí en Deir al-Balah mató a dos palestinos, entre ellos un niño de tres años; Israel afirmó que el objetivo del ataque era un militante de Hamas.

La crisis trasciende, sin embargo, el número de víctimas de los ataques. Naciones Unidas informó en agosto que la mayoría de la población continúa desplazada internamente y viviendo bajo condiciones precarias. Un 90 % de la población experimentaba inseguridad hídrica de moderada a alta a comienzos de julio, mientras las restricciones continúan afectando el acceso a agua, atención médica, saneamiento, refugio y otros servicios esenciales. OCHA informó además que el 58 % de la población enfrenta deficiencias graves en las condiciones de alojamiento o en el acceso a servicios esenciales y artículos básicos.

La destrucción también ha dejado consecuencias que permanecerán mucho después de que cesen los bombardeos. Naciones Unidas estima que uno de cada cuatro palestinos heridos desde octubre de 2023 vive con lesiones de médula espinal, cerebro u otras condiciones que podrían transformar permanentemente su vida, mientras persisten restricciones para introducir productos de rehabilitación y asistencia.

El genocidio: más allá de una acusación política

La caracterización de lo ocurrido en Gaza como genocidio ya no procede únicamente de organizaciones activistas o de gobiernos enfrentados diplomáticamente con Israel. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados e Israel concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. En junio de 2026, la misma Comisión sostuvo que las autoridades y fuerzas israelíes continuaban cometiendo actos genocidas y otros crímenes atroces, particularmente contra niños palestinos.

Esto debe distinguirse de otro proceso todavía abierto. La Corte Internacional de Justicia no ha emitido una sentencia definitiva determinando que Israel haya cometido genocidio. El caso presentado por Sudáfrica bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio continúa su trámite: en mayo de 2026, la Corte estableció nuevos plazos procesales para una réplica de Sudáfrica y una dúplica de Israel. Países como Colombia, Libia y España han presentado declaraciones de intervención en el procedimiento.

Israel rechaza categóricamente la acusación de genocidio y sostiene que sus operaciones tienen como objetivo a Hamas, organización que perpetró los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1,200 personas en Israel y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Paralelamente, existe un proceso diferente ante la Corte Penal Internacional. La CPI mantiene una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos el presunto uso del hambre como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Una orden de arresto constituye una acusación judicial y no una declaración de culpabilidad.

De las declaraciones a medidas concretas

La presión internacional tampoco ha desaparecido. La Unión Europea continúa describiendo la situación humanitaria en Gaza como devastadora y reclama a Israel la reapertura de los cruces fronterizos, el restablecimiento del corredor médico entre Gaza y Cisjordania y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, exige el desarme permanente de Hamas, la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza y rechaza la intención anunciada por Israel de controlar el 70 % del territorio gazatí.

Pedro Sánchez, presidente de España

España ha ido más allá de las declaraciones diplomáticas. El gobierno español prohibió el acceso a sus puertos y espacio aéreo de barcos y aeronaves que transporten armas destinadas a Israel y ha defendido públicamente estas medidas como parte de su posición frente a Gaza. España también reconoció oficialmente al Estado palestino en mayo de 2024 y posteriormente solicitó a la Comisión Europea proteger a la Corte Penal Internacional frente a sanciones estadounidenses relacionadas con sus investigaciones sobre Israel.

Irlanda, otro de los gobiernos europeos más críticos con la actuación israelí, ha impulsado restricciones comerciales contra productos procedentes de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Bélgica y Países Bajos también han considerado medidas similares. Estas iniciativas muestran una evolución desde las condenas diplomáticas hacia instrumentos económicos y jurídicos, aunque su alcance y aplicación varían considerablemente entre países.

Sudáfrica mantiene, por su parte, el frente judicial internacional mediante el proceso ante la CIJ. La continuidad del procedimiento demuestra que la cuestión de la responsabilidad de Israel bajo la Convención contra el Genocidio permanece abierta ante el principal tribunal de Naciones Unidas.

Una población que sigue esperando

Mientras gobiernos, tribunales y organismos internacionales discuten responsabilidades, sanciones y fórmulas diplomáticas, para la población de Gaza la realidad continúa siendo inmediata: conseguir agua, atención médica, alimentos, refugio y seguridad. OCHA advertía todavía a finales de agosto que los habitantes permanecían confinados a menos de la mitad del territorio de Gaza y expuestos a ataques aéreos, actividad militar, desplazamientos prolongados y condiciones deficientes de agua, saneamiento, alojamiento y atención médica.

La reducción de las grandes operaciones militares no ha significado el final de la crisis humanitaria. Tampoco ha cerrado el debate internacional sobre las responsabilidades por lo ocurrido desde octubre de 2023. Gaza continúa siendo simultáneamente una emergencia humana, una disputa diplomática y uno de los principales procesos contemporáneos sobre la aplicación del derecho internacional.

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Fuentes principales: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, Consejo Europeo y Reuters.