Francisco El Jimagua: «Mientras Jenniffer González realiza giras mediáticas, cuatro de cada diez adultos en Puerto Rico sufren inseguridad alimentaria»

 

Mientras la gobernadora Jenniffer González continúa sus recorridos mediáticos promoviendo una visión favorable de la economía, miles de puertorriqueños enfrentan una realidad muy distinta: el dinero no les alcanza ni para completar sus compras de alimentos. Un estudio divulgado en octubre de 2026 revela que cuatro de cada diez adultos en Puerto Rico padecen inseguridad alimentaria, incluidos numerosos adultos mayores, mientras el encarecimiento de los alimentos, la electricidad y otros servicios esenciales continúa asfixiando los presupuestos familiares.

Por Francisco «El Jimagua» Cartagena 

Reseña Periodística Investigativa | NotiDigitalPR  

Francisco El Jimagua (Archivo)

Puerto Rico, 1 de noviembre de 2026. — Hay escenas que deberían estremecer la conciencia de cualquier país. Una de ellas ocurre frente a las cajas registradoras de los supermercados y las farmacias, cuando una persona descubre que el dinero disponible no alcanza para pagar los artículos que necesita. Entonces comienza a retirar productos, reconsiderar alimentos y decidir qué puede llevarse a su hogar y qué tendrá que dejar atrás. En ocasiones, la insuficiencia económica puede obligarla a abandonar la compra completa.

Para el periodista independiente Francisco «El Jimagua» Cartagena, estas situaciones representan una de las manifestaciones más dolorosas de la precariedad económica que afecta a Puerto Rico. Cartagena asegura haber presenciado personalmente escenas en las que hombres y mujeres, particularmente personas de 50 años o más, se ven obligados a dejar sus compras por falta de dinero. Su preocupación trasciende el encarecimiento de los productos y apunta a una realidad humana más profunda: la pérdida progresiva de la capacidad económica para satisfacer necesidades esenciales. El periodista cuestiona que estas experiencias puedan continuar normalizándose mientras persisten los problemas relacionados con el costo de vida.

Cuatro de cada diez adultos enfrentan inseguridad alimentaria

La preocupación encuentra respaldo en los resultados del Informe de Seguridad Alimentaria en Puerto Rico 2026, presentado el pasado 7 de octubre por Espacios Abiertos, Nutriendo Puerto Rico y la Fundación Triple-S. La investigación encontró que el 40.8 % de los adultos experimenta algún grado de inseguridad alimentaria, distribuido entre un 30.5 % con seguridad alimentaria baja y un 10.3 % con seguridad alimentaria muy baja. Asimismo, el 51.9 % de los participantes informó dificultades para obtener y consumir regularmente alimentos nutritivos. Entre quienes enfrentaron esas barreras, el 91.7 % identificó el alto costo de los alimentos saludables como uno de los principales obstáculos.

El estudio se fundamentó en 1,416 entrevistas presenciales realizadas en las siete regiones de salud de Puerto Rico. Sus resultados revelan diferencias particularmente marcadas según los ingresos familiares. Entre los adultos pertenecientes a hogares con ingresos anuales de hasta $14,999, la prevalencia de inseguridad alimentaria alcanzó el 63.9 %. En contraste, entre quienes reportaron ingresos de $50,000 o más, la proporción fue de 5.1 %.

Adultos mayores: entre la alimentación, los medicamentos y las facturas

La situación adquiere una dimensión especialmente preocupante entre las personas de edad avanzada, muchas de las cuales dependen de ingresos limitados mientras enfrentan gastos relacionados con medicamentos, tratamientos médicos, vivienda y servicios esenciales. El mismo informe identificó una prevalencia de inseguridad alimentaria de aproximadamente 40.1 % entre las personas de 65 años o más. Esta realidad evidencia que alcanzar la edad de retiro no garantiza disponer de recursos suficientes para mantener una alimentación adecuada. Para quienes enfrentan enfermedades crónicas o requieren medicamentos continuos, la presión económica puede resultar todavía más compleja.

Una investigación académica publicada en 2025 en el Puerto Rico Health Sciences Journal, titulada Here the Refrigerator is Empty: Food Insecurity among Puerto Rican Elders, examinó las experiencias de 50 adultos mayores residentes en Puerto Rico. El estudio encontró inseguridad alimentaria en el 92 % de los participantes de esa muestra específica y documentó dimensiones económicas, sociales y psicológicas de la experiencia. Sus autores concluyeron que las dificultades alimentarias de esta población van más allá de la capacidad monetaria para comprar comida. Los hallazgos refuerzan la necesidad de examinar la alimentación de las personas mayores como un asunto de salud pública y dignidad humana.

Los alimentos aumentan mientras disminuye el poder adquisitivo

Las estadísticas sobre precios también muestran un deterioro acumulado en la capacidad de compra de las familias. Datos divulgados durante octubre de 2026 sitúan el aumento general de los alimentos en aproximadamente 26.9 % durante los cinco años anteriores. Aunque ese porcentaje no representa incrementos idénticos para todos los productos, confirma que adquirir alimentos se ha vuelto progresivamente más costoso. Para los hogares con ingresos estancados o insuficientes, incluso aumentos aparentemente moderados pueden traducirse en una reducción importante de los productos que logran comprar.

El impacto resulta particularmente evidente cuando los consumidores deben combinar los gastos alimentarios con electricidad, agua, medicamentos, transportación y otras obligaciones indispensables. El problema no se limita a cuánto cuesta cada producto individualmente, sino a cuánto dinero queda disponible después de cubrir las demás necesidades. Una familia puede conservar el mismo ingreso nominal y, sin embargo, experimentar una reducción sostenida en su capacidad real para alimentarse. Esa presión obliga a establecer prioridades que ninguna persona debería tener que enfrentar entre necesidades igualmente esenciales.

La crisis energética también presiona el precio de la comida

La situación energética de Puerto Rico añade otra fuente de incertidumbre al presupuesto familiar. Los comercios dedicados a la venta, preparación y distribución de alimentos necesitan electricidad para refrigerar mercancía, conservar productos perecederos y mantener sus operaciones. Los aumentos tarifarios y las interrupciones del servicio pueden obligarlos a asumir gastos adicionales en combustible, generadores y reposición de inventarios. Parte de esas presiones económicas puede terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

Durante octubre de 2026, representantes de la industria alimentaria advirtieron sobre las consecuencias de los incrementos en las tarifas eléctricas. El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Manuel Reyes Alfonso, señaló que los mayores costos de operación y transportación terminan afectando a los consumidores. En un mercado que depende considerablemente de alimentos importados, las fluctuaciones en los costos energéticos y logísticos añaden vulnerabilidad a la cadena de abastecimiento. Para las familias, esto representa una doble presión: pagar más por la electricidad de sus hogares y enfrentar posibles aumentos adicionales en los alimentos.

El drama silencioso frente a una caja registradora

Las estadísticas permiten dimensionar el problema, pero no siempre transmiten el impacto emocional de las experiencias individuales. Detrás de cada compra incompleta puede encontrarse una persona que trabajó durante décadas, una familia que intenta alimentar a sus hijos o un adulto mayor que necesita distribuir cuidadosamente sus recursos. La decisión de devolver alimentos frente a otras personas puede acompañarse de preocupación, frustración y vergüenza. Sin embargo, la insuficiencia económica para comprar comida no constituye una falta moral de quien la padece.

Cartagena recuerda que, cuando disponía de mayores recursos económicos, en distintas ocasiones pagó las compras de personas desconocidas que no contaban con dinero suficiente para completarlas. Actualmente, reconoce que sus propias limitaciones económicas le impiden intervenir de la misma manera cuando presencia situaciones semejantes. Esa experiencia, sostiene, ha profundizado su sensibilidad hacia las dificultades que enfrentan numerosos consumidores puertorriqueños. Su testimonio expone una realidad que las cifras económicas, por sí solas, difícilmente pueden describir.

Un reclamo de responsabilidad gubernamental

Desde su perspectiva crítica, Cartagena considera que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón debe responder con mayor contundencia a las dificultades económicas que enfrentan los hogares puertorriqueños. Aunque el encarecimiento acumulado de los alimentos y los problemas estructurales de Puerto Rico anteceden al gobierno actual, el periodista sostiene que ello no elimina la responsabilidad de las autoridades de atender sus consecuencias presentes. La inseguridad alimentaria, particularmente entre personas de bajos ingresos y adultos mayores, requiere atención pública sostenida y medidas capaces de producir alivios concretos. La respuesta gubernamental debe evaluarse no solamente por sus anuncios, sino por sus efectos sobre las condiciones de vida de la población.

El informe de seguridad alimentaria de 2026 plantea la necesidad de fortalecer la producción y distribución local de alimentos, mejorar los mecanismos de asistencia nutricional y desarrollar una respuesta coordinada entre las instituciones pertinentes. Estas recomendaciones adquieren especial importancia ante la presión simultánea de los costos energéticos, la dependencia de importaciones y las desigualdades económicas. Atender la inseguridad alimentaria exige reconocer que disponer de establecimientos comerciales abastecidos no significa que todas las personas puedan comprar lo que necesitan. La disponibilidad de alimentos y la capacidad económica para adquirirlos constituyen dimensiones distintas de un mismo problema.

Para Cartagena, la pregunta que debería ocupar un lugar central en el debate público es sencilla y profundamente humana: ¿qué clase de país estamos construyendo cuando hay personas que llegan al supermercado y no pueden pagar su comida? La respuesta no puede limitarse a recomendar que las familias administren mejor un dinero que ya resulta insuficiente. Tampoco puede ignorar a quienes, después de una vida de trabajo, enfrentan dificultades para adquirir alimentos y medicamentos. Una sociedad que aspira a vivir con dignidad no puede acostumbrarse a contemplar el hambre como si fuera una consecuencia inevitable de la vida cotidiana.

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